En el presente informe, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas desentraña el concepto de acceso a la reparación efectiva en relación con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”. En el informe se aclara la relación entre el derecho a una reparación efectiva, el acceso a una reparación efectiva, el acceso a la justicia y la rendición de cuentas empresarial

Durante los últimos años las organizaciones de la sociedad civil venimos presenciando el incremento de conflictos entre empresas multinacionales y otras empresas, los gobiernos, las poblaciones afectadas por sus actuaciones, y los y las defensoras de derechos humanos. Como consecuencia de ello, muchas empresas vienen siendo demandadas judicialmente a nivel nacional e internacional. No obstante, no existen mecanismos específicos en las Naciones Unidas para dirimir estos conflictos. La convergencia entre el incremento de demandas contra gobiernos y empresas,, la elección de gobiernos progresistas en América del Sur desde mediados de 2002, así como el reciente cambio de posición en los países del Norte acerca del papel del Estado, aunado a la crisis del sistema financiero global, han puesto de relieve a las Naciones Unidas, las empresas y los organismos de financiamiento la necesidad de profundizar el debate acerca de la relación entre empresas y derechos humanos.

El Grupo de Trabajo Transnacionales/Tribunal de la Red Birregional Europa-América Latina y Caribe Enlazando Alternativas manifestamos nuestro rechazo al informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, las Empresas Transnacionales y Otras Empresas, John Ruggie, y exigimos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que defina e implemente un proceso para la elaboración y adopción de una normativa legal vinculante sobre las operaciones de las empresas transnacionales, en la cual las comunidades afectadas por los abusos de las empresas y organizaciones sociales tengan voz y también participación efectiva.

Observaciones al Informe final del Relator Especial John Ruggie Sobre los Derechos Humanos, las empresas Transnacionales y Otras empresas.

En años recientes, Teitelbaum ha evaluado el trabajo extremadamente sesgado en favor de la empresa de John Ruggie, nombrado, discutiblemente, para diseñar un marco que “incrementara los costos” para las corporaciones por violar los DDHH en su operación diaria. Teitelbaum ha criticado, consistentemente, la clara inclinación de Ruggie por la ideología neoliberal al servicio del poder económico transnacional, que claramente se opone a cualquier instrumento que gobernase, de manera vinculante, las prácticas empresariales en relación con los DDHH.

El presente documento recoge el Plan de Acción Nacional para aplicar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Como manifestación específica del compromiso más amplio con la protección y la promoción de los derechos humanos, en este Plan se plasma el compromiso de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos, y de proporcionar a las eventuales víctimas de los mismos un remedio efectivo.

En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos los Principios ectores sobre las empresas y los derechos humanos que le presentó el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Profesor John Ruggie.

Con ese acto, los Principios Rectores quedaron consagrados como la norma de conducta a nivel mundial que se espera de todas las empresas y de todos los Estados en relación con las empresas y los derechos humanos.

Informe encargado por la oficina europarlamentaria de Miguel Urbán, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Subcomisión de Derechos Humanos, la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscal (PANA), la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe y la Delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo del Parlamento Europeo.

El acceso a remedio o el acceso a la justicia es uno de los derechos humanos fundamentales, ya que sin él el respeto o la afirmación de los demás derechos no tiene sentido en los casos en los que éstos no son respetados. Constituye por lo tanto un derecho fundamental para las víctimas e incluso para sus familias, y así aparece reconocido en numerosos documentos de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario, por ejemplo y entre otros, en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos, en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en el artículo 14 de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otras formas de tratamiento cruel, inhumano o degradante.